Trabajadores sociales ante procesamientos

Trabajadores Sociales Autoconvocados de Bariloche
El Colectivo Profesional de Trabajadores Sociales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche manifiesta la siguiente opinión en relación al procesamiento de la colega Irene Lamuniere y la Psicóloga Guillermina Petit de Meurville, que tomó conocimiento público recientemente.
En primer lugar queremos dar a conocer a la comunidad Rionegrina que, actualmente, las leyes vigentes que enmarcan el trabajo con niños y niñas son la ley Nacional 26061 y la Ley Provincial 4109, estableciendo que el Estado debe garantizar la protección de sus derechos a través de estrategias que favorezcan su desarrollo, crecimiento y autonomía. En este sentido, éstas deben correrse del viejo modelo de Patronato donde el juez disponía del destino de cada niño cuando consideraba que la familia no estaba cumpliendo con su cuidado adecuadamente. De lo contrario, a partir de estas leyes se deben aplicar estrategias que acompañen y fortalezcan a la familia en su rol.
En función de esto, repudiamos el procesamiento realizado por el Juez Calcagno y los dichos del Ministro Arroyo, considerando que se contradicen con las leyes vigentes en materia de infancia. Asimismo, consideramos que las profesionales actuaron en consecuencia en favor de la atención integral de los niñxs y sus derechos, lo cual no significa "ocultar" sino ofrecerles alternativas para salir adelante en su proyecto de vida. Las situaciones que pueden haberse dado en el CAINA, al tratarse de menores de edad, requieren otro tratamiento, que sabemos que se estaba llevando adelante y que, definitivamente, no es la penalización.
Manifestamos nuestra preocupación frente a este procesamiento, considerando que no se condice con los avances logrados en materia legal y vuelve a pisotear los avances institucionales logrados por los mismos trabajadores a pesar del abandono presupuestario y la falta de decisiones políticas provinciales a favor de los Derechos de los Niñxs.
Como profesionales sostenemos que las intervenciones en lo social deben ir en el marco de los Derechos Humanos, que penalizar una situación de un niño y no mirar las estrategias profesionales realizadas con mucho cuidado es desconocer la ley, y que mirar a un niño como un delincuente es estar parado en un paradigma ya obsoleto. Es, una vez mas, el Poder Judicial desoyendo lo que diversos profesionales tienen para decir, desde su comprobable formación y trayectoria, acerca de cómo se trabaja con un niño.
Sumado a esto, los medios de comunicación, que ayudan, en su forma de tratar estos temas, a promover la fragmentación y la estigmatización social, y quedando también el interrogante de si existirá alguna relación entre esta expresión mediatica del Juez con los cuestionamientos que tuvo recientemente el Poder Judicial respecto a lo sucedido con la situación de David.
Expresamos nuestro apoyo a las profesionales procesadas, reconociendo su amplia trayectoria en los diversos espacios laborales que han transitado, siempre en defensa y actuando en consecuencia a favor de los derechos de los niños y niñas.
Por todo lo expuesto, seguiremos atentos a este proceso judicial, esperando que se resuelva desde una mirada acorde a la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niñxs.